Blog post 25 novembre 2020

Entrada en vigor del Acuerdo Escazú: ¿un hito en la gobernanza medioambiental global?

Once países han ratificado ya el Acuerdo Escazú, lo que significa que entrará en vigor a comienzos de 2021. Es el único acuerdo vinculante derivado de Rio+20 y es el primer acuerdo medioambiental adoptado por la región de América Latina y el Caribe. Con esto en mente y en un contexto en el que el multilateralismo está siendo cuestionado, ¿será capaz de cumplir con sus promesas sobre gobernanza medioambiental y democracia dentro y fuera de la región?

Un lento proceso de ratificación

Siguiendo los pasos de la Convención Aarhus1 , firmada hace 22 años, los países de América Latina y el Caribe acordaron en 2012 en Rio+20 iniciar un proceso de negociación que intentara materializar en la región los derechos consagrados en el Principio 10 de la Declaración de Rio2 . Tras un proceso de negociación sin precedentes de más de 4 años, con una importante participación de los representantes de la sociedad civil y un incontable número de expertos en derechos humanos y legislación medioambiental, finalmente, el 4 de marzo de 2018, se adoptó el acuerdo regional3 en Escazú (Costa Rica).

A la fecha, ha sido firmado por 24 países4 y 11 países lo han ratificado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, y más recientemente, Argentina y México5 . El acuerdo entrará en vigor 90 días después de la 11ava ratificación (México).

Sin embargo, el proceso de firma y ratificación, tras su adopción en 2018, ha sido bastante lento, debido entre otras cosas a los cambios políticos en la región6 , la crisis de la Covid-19 y el retraso en los procesos de ratificación en los cuerpos legislativos (provocado por lobby de los representantes del sector privado y la divulgación de argumentos poco exactos que han provocado confusión sobre los potenciales impactos que este Acuerdo podría tener sobre los países, una vez sea ratificado7 ). Paradójicamente, Chile, que fue uno de sus abanderados ni lo ha firmado ni lo ha ratificado. Costa Rica, que jugó un importante papel en las negociaciones, todavía no lo ha ratificado. Y Colombia, que también fue un país muy activo en las negociaciones, tampoco lo ha ratificado todavía, a pesar de ser el país que ha tenido el mayor número de asesinatos de líderes medioambientales en el mundo en 20198 .

Construir una base común para el derecho medioambiental y la democracia

El principal valor del acuerdo estriba en su naturaleza multilateral, ya que proporciona un marco común que sentará los cimientos para la democracia medioambiental en la región y promoverá la cooperación y el fortalecimiento de capacidades entre los Estados—intentando apoyar a los países menos avanzados en la materia. Entre sus principales disposiciones, Escazú reconoce el derecho de toda persona a vivir en un entorno saludable y la obligación de garantizar que los derechos definidos en el Acuerdo se ejerzan libremente. Estipula la adopción, entre otras, de medidas legislativas, regulatorias, administrativas para garantizar la implementación del Acuerdo (de acuerdo con las capacidades de las Partes y su legislación interna9 ), que se ofrezca al público la información necesaria con el fin de facilitar el conocimiento de los derechos de acceso y la obligación de proporcionar guía y asistencia al público general, especialmente a las personas y grupos vulnerables.

El Acuerdo de Escazú representa un punto de quiebre en el derecho medioambiental internacional en América Latina y el Caribe al enfatizar de forma clara la importancia de la participación pública (participación activa, acceso a la información y a la justicia) a la hora de abordar los problemas medioambientales. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con respecto a los derechos enmarcados en el Acuerdo de Escazú, a nivel regional, 23 países han adoptado leyes para el acceso a la información: Un 76% han incorporado disposiciones para promover la participación ciudadana y solo un 20% favorecen la implementación de acciones en su defensa10 . México posee uno de los reglamentos más sólidos de la región en esta cuestión, dejando sin peso la afirmación de que el tratado es innecesario, ya que hay países que ya tienen suficiente legislación interna para regular estos derechos. El acuerdo también consagra ciertos principios clave como la no-regresión y la progresividad11 .

Además, a lo largo de todo el texto del tratado, los derechos medioambientales están cimentados en la protección de los derechos humanos. Es el primer tratado del mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en cuestiones medioambientales (Artículo 9), lo que no es en absoluto trivial en una de las regiones del planeta más afectadas por los conflictos socio-medioambientales y donde ha aumentado el riesgo para la vida y la seguridad de los individuos y grupos que actúan como defensores del medioambiente.

Reconstruir de otra forma: una respuesta al clamor social

El Acuerdo de Escazú es un ejemplo tangible del compromiso de la región con un desarrollo más igualitario, más justo y más sostenible. La pandemia de la Covid-19 ha dejado en evidencia las desigualdades y fragilidades de los países de la región. En este contexto, implementar procesos de planificación integrales, participativos e inclusivos en el diseño de políticas públicas con vistas a la recuperación es de la mayor importancia. Y si los países de América Latina y el Caribe realmente quieren dirigir el desarrollo de sus economías hacia una senda más sostenible es esencial disponer de marcos legales que promuevan la transparencia, animen a la participación real de las comunidades y, por encima de todo, garanticen que los líderes que alzan su voz para trabajar por sus territorios no pierdan la vida en el proceso.

La región está pidiendo a gritos un cambio que logre instituciones más fuertes, unos sistemas de información medioambiental más sólidos y una implementación más efectiva de los mecanismos de participación. El Acuerdo de Escazú ciertamente supone una base sólida para arrancar este cambio y abre el camino para poder vivir en sociedades más justas y equitativas.

¿Cuál es el siguiente paso?  

El primer paso que se debe tomar será la organización de la 1a Conferencia de las Partes (COP),12 a más tardar un año después de la entrada en vigor del tratado, en la que se deberán debatir diferentes aspectos administrativos y económicos iniciales del funcionamiento mismo del tratado.

La entrada en vigor del Acuerdo de Escazú sistematiza las regulaciones ya existentes en la región y proporciona la oportunidad de reforzar las capacidades de las autoridades medioambientales y la cooperación internacional, así como de recibir asistencia técnica. La región de América Latina y el Caribe se enfrenta a muchos retos para implementar plenamente estos derechos, variando enormemente de un país a otro. Para algunos, será necesario aprobar nuevas leyes mientras que para otros, supondrá más bien un cambio de prácticas.

Por último, una implementación plena y eficaz del tratado podría suponer el punto de partida para una nueva dinámica en la región en la defensa y promoción del desarrollo sostenible. Una dinámica que situase la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París como hojas de ruta para una recuperación resiliente y para el camino hacia un desarrollo más sostenible

Auteurs

Sur le même sujet

Toutes les publications et évènements